Al mes siguiente de haber asumido su tercera presidencia -con una mayoria irrepetible, de más del 62% de los votos-, en noviembre de 1973, el Presidente Juan Peron cerró la “semana de la seguridad social” analizando el estado del sistema jubilatorio después del golpe de 1955 y tras casi 18 años de proscripción del peronismo.
“El salario mensual (en 1943, cuando fue secretario de trabajo y previsión) era, -dijo Peron- en término medio, de 30 pesos por mes, y había una gran cantidad de peones del campo argentino que ganaban 10.
O sea, peor que en la época de la esclavitud, porque por lo menos en esos tiempos el amo tenía la obligación de mantener y cuidar al esclavo cuando envejecía.
En cambio a los peones de campo, cuando se ponían viejos los largaban como caballos, para que se murieran en el campo.
No exagero nada si digo que era tal la incuria en este aspecto que no había sino dos o tres cajas que se sostenían mediante el esfuerzo de sus propios componentes, en la Policía y algunos sectores estatales. Los demás quedaban librados a la suerte o a la desgracia de su propio futuro.
Fuimos, poco a poco, -continuó Peron en su discurso- organizando las distintas cajas, incluso las de los industriales y las de los comerciantes que también necesitaban cajas, porque no todos ellos se hacen ricos; algunos se funden y quedan más pobres que nadie.
Se trataba de que existiera una cobertura de los riesgos; de la vejez, de la invalidez y de las enfermedades. Que en la comunidad nadie quedara abandonado a su propia suerte.
No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía que estos servicios no suelen ser ni eficaces ni seguros.
Preferimos instituirlos administrados y manejados por las propias fuerzas que habrían de utilizarlos, dejando al Estado libre de una obligación que siempre cumple mal.
De manera que organizamos cajas que se manejaban, se dirigían, se financiaban y se mantenían por sí mismas. Llegamos a crear el Instituto de Reaseguros para esas cajas, para que mediante un fondo común se auxiliaran mutuamente.
Jamás tuvimos el más mínimo inconveniente, y las cajas se capitalizaron de una manera extraordinaria. Fue así posible llegar a un sistema previsional perfecto, del que nada escapó. Desaparecieron los niños y los viejos que pedían limosna; las sociedades se fortalecieron y la asistencia social se montó sobre una cantidad de policlínicos, fueran sindicales, de la Fundación (Eva Peron) o del Estado, que proporcionaron la asistencia social indispensable a todos esos sectores.
Bien, señores. ¿Qué pasó después? -se preguntó-
En 1956 el Estado, acuciado quizá por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados en las cajas, se apropió de ellos.
Eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones.
Y naturalmente que, después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no podía paliar ningún salario ni ninguna jubilación.
Y las cajas, que como todas las organizaciones económicas y financieras tienen su límite –el límite está indicado por su capital-, una vez que le sacaron el capital, era inútil que se pretendiera buscarle soluciones de otra manera, y el Estado tuvo que hacerse cargo de todas las prestaciones. Indudablemente, el Estado fue también impotente para eso. Las sirvió mal, tarde y, en fin, con déficit en perjuicio de los jubilados.
Hace poco mas de 15 años el histórico dirigente justicialista Antonio Cafiero señalaba al respecto del sistema jubilatorio creado por Peron en la década del 40: “En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los fondos en gran medida fueron colocados en títulos públicos de largo plazo. Las cajas creadas funcionaron en forma independiente y dieron un superávit muy elevado. En 1953 una ley nacional confirmó su autarquía. Al año siguiente, el haber jubilatorio empezó a calcularse mediante una escala independiente de los aportes acumulados por cada beneficiario. No se quiso “hacer un sistema previsional estatal”, ni mucho menos se pretendió usar con otros fines los recursos acumulados (…) las cajas de jubilaciones de asalariados tuvieron entre 1950 y 1954 un superávit que rondaba el 4 por ciento del PBI. A partir de 1955 la jubilación media se redujo en un tercio en moneda constante. En 1968 el gobierno de facto (del general Ongania) centralizó la administración de las cajas”, creando un sistema que Peron no llegó a derogar por su muerte. “hacia el final de la década del 80 el haber jubilatorio valía menos de la mitad que en 1975, concluye Cafiero.
En 1994, el presidente Carlos Menem propone un sistema de capitalización pretendiendo emular al de Peron pero absolutamente desnaturalizado, desentendiendo al Estado de la previsión social, pero también a los beneficiarios respecto de sus aportes entregando el sistema a la banca en modo cautivo y excluyente. Los trabajadores pasaron a ser convidados de piedra en la administración del esfuerzo de su trabajo. El estado, entonces, sólo se obligó a las pensionas efectivas de antes del traspaso, por lo que durante su administración no concedió actualizaciones, lo que enardeció a la clase pasiva de la que emergió la mitica dirigente jubilada Norma Pla reclamando aumento frente a la subida en el costo de vida. El problema lo empeoró el gobierno autopercibido progresista de Fernando de la Rua que se atrevió a rebajar el monto del beneficio jubilatorio como el de los aportes privados y los salarios públicos (a los que siguieron los privados también).
Tras la crisis del 2001 con el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, en vida del ex presidente Nestor Kirchner y hasta la estatización de los fondos en manos de las AFJP, el estado aportaba más de tres cuartas partes de las jubilaciones privadas. Por esos años se aumentaron los haberes mínimos con recursos públicos y se promovió una ley de movilidad en tanto se incorporaron más de un millón y medio de beneficiarios que estaban fuera del sistema. La tasa de cobertura previsional de personas mayores de 65 años prácticamente se duplicó en tres años y las prestaciones previsionales triplicaron su proporción en el PBI.
Pero la estatización mencionada de esos fondos, a través de la ANSeS replicó la metodología y modelo financiero. Y -aunque con mayor transparencia, planificacion y previsibilidad- postergó la normalización y aniquiló definitivamente la relación entre aporte y prestación. De hecho, se volvió a un sistema de reparto, parecido al de Ongania, con protagonismo del presupuesto nacional y lo que quedaba de las cajas que pasaron a ser compensadoras.
Ya Peron en el '73 reconocía que era imposible restaurar a quienes perdieron con su vida o su calidad de vida lo arrebatado en 1956, pero en estas 4 décadas de recuperación institucional, desde el fin de la última dictadura, tampoco parece haber sido parte del debate el saneamiento del sistema para recuperar su autarquía. Lo que parece inspirar al presidente Milei a aniquilarlo sin piedad. De la peor manera, como dejan claro la represión de las dos últimas manifestaciones de jubilados frente al Congreso y el recorte cruel de asistencia y servicios de la obra social de los pasivos el PAMI.
Si la ciudadanía lo tolera, podrá evaluarse el próximo jueves 12 durante la protesta con movilización que preparan las centrales obreras, conscientes de que se juega no sólo la sobrevida de quienes ya trabajaron toda su vida sino el futuro de los que lleguen a la edad de jubilarse.
Veamos a Perón👇🏾 https://youtu.be/hnkfhX8n1H8?si=NSIgNBQEkRDtqr6v
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